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Tutela efectiva y derecho a la vivienda.  9788418244360
Tutela efectiva y derecho a la vivienda.
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Tutela efectiva y derecho a la vivienda

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Atelier 2021

EAN: 9788418244360

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Tutela efectiva y derecho a la vivienda.  9788418244360

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Descripción

El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna se relacionan en el proceso continuamente, produciéndose en algunas ocasiones
tensiones entre ambos. El primero de ellos es un derecho fundamental, pero no tiene carácter absoluto. El segundo es un principio rector de la política social,
por lo... que no se puede alegar directamente ante los Tribunales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los han
amparado vinculándolo con el contenido de un derecho fundamental.
En la Unión Europea tampoco se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, pero se ha protegido indirectamente a través de la
protección de su titular como consumidor en los contratos de préstamos hipotecarios realizados para su adquisición.
Estos criterios en la protección del derecho a la vivienda digna interactúan con el proceso civil en sus distintas etapas. Con carácter general se protege el
acceso a la resolución de los conflictos potenciando los ADR en materia de vivienda y consumo. En el proceso de declaración se confunde con la
protección del consumidor influyendo en las facultades procesales del juez. 
En este ámbito se produce el conflicto entre las sentencias nacionales firmes y la doctrina del TJUE cuando realiza una interpretación distinta a las primeras.
Es en el proceso de ejecución en el que la relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna se tensiona debido a
que la vivienda social existente es insuficiente para ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas por el desahucio de su
vivienda. Ha sido el legislador, tanto estatal como autonómico, el que la ha regulado aplicando el principio de proporcionalidad. Sin embargo, al ser dos
derechos para el que son competentes el Estado y las Comunidades Autónomas se ha producido una alta conflictividad competencial. Ésta ha
provocado que las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas que afectaban a normas procesales hayan sido declaradas inconstitucionales o
reinterpretadas por el Tribunal Constitucional.
La finalidad de esta monografía es analizar estos aspectos y ofrecer opciones para avanzar en la regulación de la relación entre el derecho a la tutela
judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna


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El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna se relacionan en el proceso continuamente, produciéndose en algunas ocasiones
tensiones entre ambos. El primero de ellos es un derecho fundamental, pero no tiene carácter absoluto. El segundo es un principio rector de la política social,
por lo... que no se puede alegar directamente ante los Tribunales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los han
amparado vinculándolo con el contenido de un derecho fundamental.
En la Unión Europea tampoco se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, pero se ha protegido indirectamente a través de la
protección de su titular como consumidor en los contratos de préstamos hipotecarios realizados para su adquisición.
Estos criterios en la protección del derecho a la vivienda digna interactúan con el proceso civil en sus distintas etapas. Con carácter general se protege el
acceso a la resolución de los conflictos potenciando los ADR en materia de vivienda y consumo. En el proceso de declaración se confunde con la
protección del consumidor influyendo en las facultades procesales del juez. 
En este ámbito se produce el conflicto entre las sentencias nacionales firmes y la doctrina del TJUE cuando realiza una interpretación distinta a las primeras.
Es en el proceso de ejecución en el que la relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna se tensiona debido a
que la vivienda social existente es insuficiente para ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas por el desahucio de su
vivienda. Ha sido el legislador, tanto estatal como autonómico, el que la ha regulado aplicando el principio de proporcionalidad. Sin embargo, al ser dos
derechos para el que son competentes el Estado y las Comunidades Autónomas se ha producido una alta conflictividad competencial. Ésta ha
provocado que las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas que afectaban a normas procesales hayan sido declaradas inconstitucionales o
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